Mientras Estados Unidos lidia con un movimiento anti-ESG que está cobrando cierta fuerza en un contexto de guerra cultural y polarización política, Europa está demostrando que el Pacto Verde europeo iba en serio y reforzando su compromiso. La mejor prueba de ello es la revolución regulatoria que estamos viviendo en materia de sostenibilidad.
Bruselas, muy consciente del papel protagonista de las empresas en la transformación hacia economías más sostenibles, quiere cerciorarse de que estamos gestionando los criterios ESG y que esa gestión se corresponde con lo que comunicamos en nuestros informes de sostenibilidad. Uno de sus objetivos es luchar contra el greenwashing.
Dos directivas articulan este propósito. Por un lado, este 2023 se aprobará la de Debida Diligencia en Sostenibilidad, European Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), tras el voto a favor del Parlamento Europeo el pasado 1 de junio, que regulará la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, como parte importante de su gobernanza.
Y, por otro lado, en enero entró en vigor la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD). Esta norma, que revisa la Directiva sobre información no financiera (NFRD) de 2014, amplía el rango de empresas obligadas y eleva el nivel de exigencia. También cambia la manera en la que las compañías reportaremos esa información no financiera: de estándares voluntarios como el Global Reporting Initiative (GRI), que ya habíamos incorporado muchas empresas, a los nuevos y obligatorios European Sustainability Reporting Standards (ESRS), que se prevé adopte la Comisión Europea después del verano.
¿En qué situación está España ante este nuevo escenario y cómo de preparado está nuestro tejido empresarial para afrontarlo con éxito? En el caso de la directiva europea ya vigente de información sobre sostenibilidad, que nuestro país ha de incorporar antes de julio de 2024, el Ministerio de Economía ya ha sometido a consulta pública el anteproyecto de ley que la traspondrá a nuestro ordenamiento jurídico.
En cuanto a las empresas españolas, hay razones para pensar que estamos entre las mejor preparadas para adaptarnos con éxito a esta nueva regulación. Leía en la prensa hace unas semanas que España es ya el séptimo país del mundo en ESG, según el ‘Atlas de la sostenibilidad’ de Morningstar, que reconoce a las cotizadas españolas entre las líderes a nivel mundial en su gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Como casi siempre, la anticipación es la clave: el camino que iniciamos voluntariamente algunas compañías hace años nos sitúa en una posición más confortable ahora que recorrerlo será exigido por ley. Por ejemplo, en el ámbito ambiental, la nueva legislación exigirá a las empresas reportar no solo sus propias emisiones de CO2, sino también las de toda su cadena de valor. En Enagás ya hemos incorporado el llamado Alcance 3 en nuestra huella de carbono y nos hemos marcado objetivos: reducirlas un 25% en 2030 y un 50% en 2040 respecto a niveles de 2021.
Otro ejemplo: uno de los pilares de la nueva directiva CSRD es el concepto de “doble materialidad”, que quiere decir que las compañías tendremos que identificar tanto el impacto de nuestra actividad en la sociedad y el medio ambiente, como el impacto del medio ambiente y la sociedad en nuestro negocio y nuestra cuenta de resultados. Y reportar cómo gestionamos esos impactos. Un enfoque que, de nuevo, en Enagás ya hemos ido adoptando desde hace años.
En definitiva, muchas cotizadas españolas y europeas venimos dando respuesta voluntariamente a diversas cuestiones que nos reclamaban nuestros stakeholders (clientes, inversores, sociedad…) y gracias a ello podemos ver la nueva regulación en términos de oportunidad: con unas reglas del juego claras para todos, las compañías que llevamos años tomándonos en serio los criterios ESG, concretándolos en objetivos y hechos, y reportándolos con transparencia, vamos a poder marcar la diferencia.
Todo esto va a suponer elevar nuestra ambición, más esfuerzo y más trabajo para adaptarnos a los nuevos estándares. Y va a consolidar una realidad: la sostenibilidad como responsabilidad transversal de toda la organización. Con un papel clave de los órganos de gobierno: el ESG ocupará una importancia creciente en los asuntos del Consejo de Administración y la implicación de Presidentes y CEOs jugará un papel fundamental.
No cabe el negacionismo en torno al ESG: bajo esas siglas hablamos de proteger nuestro entorno, hablamos de personas y de la ética y responsabilidad con las que gestionamos nuestras organizaciones. Podemos debatir el cómo, pero el compromiso de las compañías para gestionar nuestro impacto es imprescindible para que mantengamos nuestra licencia social.