El año 2019 ha comenzado con una medida económica y social relevante y que ha generado cierta polémica: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 22,3%, la mayor de la democracia española.

Las bondades y riesgos de incrementar el salario mínimo han sido una de las cuestiones más discutidas en economía, con miles de estudios realizados sobre el tema pero sin resultados concluyentes ni consenso entre los expertos. Sin ánimo de sentar cátedra ni pretender aportar soluciones reveladoras, pues no soy economista sino ingeniero, me gustaría aportar mi visión personal a este debate, que continúa abierto.

No hay evidencias determinantes de que aumentar el SMI perjudique al empleo, el principal argumento esgrimido en contra. En España el salario mínimo subió un 8% en 2017 y un 4% en 2018 y hemos cerrado el año con más de 19 millones de ocupados —por primera vez desde 2007— y 210.484 parados menos —el sexto año consecutivo con descenso del desempleo—.

La medida adoptada en nuestro país no es un caso aislado. En Alemania, por ejemplo, aunque con unas circunstancias económicas diferentes a las de España, el Gobierno de Merkel aprobó una subida del 3,9% para 2019 y se ha comprometido a otro incremento en 2020, manteniendo la tasa de paro más baja de todos los países de la zona euro, un 3,3% (según los datos de noviembre de 2018 publicados por Eurostat).

Elevar el SMI concede mayor poder adquisitivo a las personas que cobran el mínimo, en torno al 13% de los asalariados de España según cifras del Ministerio de Trabajo, y esto puede contribuir, a su vez, a reactivar la economía. Así lo consideraron en Estados Unidos más de 300 economistas, entre ellos siete premios Nobel, que en 2014 escribieron al Presidente Obama a favor de subir el salario mínimo porque “estimularía la capacidad de compra y aumentaría el consumo”. El propio Obama manifestó que incrementar el sueldo mínimo es “una de las mejores formas de ayudar a las familias trabajadoras”.

Más allá del punto de vista macroeconómico, es un tema de justicia social. Elevar el SMI contribuye al derecho a un sueldo justo que permita vivir con dignidad, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre los 17 objetivos marcados por la ONU, el octavo promueve “el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, haciendo referencia expresa a que “el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza”.

El incremento aprobado, que eleva el SMI desde 735,9 a 900 euros mensuales, ayudará a que un número mayor de familias pasen menos dificultades para llegar a fin de mes y puede también contribuir a reducir la desigualdad, una meta más ambiciosa que hace necesarias otras medidas complementarias.

La OCDE ha valorado positivamente la medida, como una respuesta “necesaria y adecuada” para que la ciudadanía, especialmente aquellos con menores sueldos, “note” también la recuperación económica de España.

En otros países de Europa la mejora de salarios llegó con los primeros indicios de salida de la crisis. En España, el sueldo más frecuente asciende a 1.178 euros brutos al mes según datos del INE de 2016. La precariedad afecta también al trabajo cualificado, y en el sector sanitario, en las actividades científicas, educación, arquitectura, periodismo, etc. tenemos a profesionales trabajando que son mileuristas. Por tanto, y más allá del salario mínimo, la recuperación salarial debe empezar por los sueldos más bajos, en la medida y el ritmo que las empresas puedan asumir.

En el caso de Enagás, la estabilidad y calidad del empleo han sido una prioridad incluso durante los años de la crisis, y el sueldo mínimo de la compañía supera considerablemente los 900 euros al mes del nuevo SMI. Y hasta donde sé, esto sucede también en las grandes empresas con las que trabajamos, como nuestros principales clientes.

Asegurar un sueldo digno para todos los trabajadores debe ser compatible con el reconocimiento a la cualificación, al esfuerzo y a la meritocracia, poniendo el foco en la educación y en promover la igualdad real de oportunidades. Una de las claves que garantizarán el empleo tras el aumento de salarios —en esto sí coinciden los economistas— es incrementar la productividad, especialmente en las medianas y pequeñas empresas. La formación, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías son las bases adecuadas para esa necesaria mejora de la productividad y para un crecimiento que sea inclusivo y sostenible.